El difícil contexto socioeconómico generado por el coronavirus puso en evidencia la necesidad de un ajuste sostenible de la estructura tanto de ingresos como de gastos estatales, así como de una mejora en la eficacia de la recaudación de los primeros y en la eficiencia de los segundos, dado que, si bien los ingresos han…
El difícil contexto socioeconómico generado por el coronavirus puso en evidencia la necesidad de un ajuste sostenible de la estructura tanto de ingresos como de gastos estatales, así como de una mejora en la eficacia de la recaudación de los primeros y en la eficiencia de los segundos, dado que, si bien los ingresos han ido creciendo con el paso de los años, los gastos los han superado, sin que ello se traduzca en avances notorios en materia de resultados, esto es, se han utilizado los recursos obtenidos para aumentar los insumos, mientras el control de los resultados quedó relegado.
De esta manera, la capacidad para ahorrar se fue reduciendo al igual que los ahorros del fisco, y el país incurrió en déficits consecutivos que se profundizan en situaciones de crisis, como la del 2019, en el que el déficit fiscal representó el 2,9% del Producto Interno Bruto (PIB), casi el doble de lo permitido por la Ley de Responsabilidad Fiscal, y la del presente año en el que dicho déficit superaría el 7% del PIB.
En estas condiciones, el Estado ha tenido escasas posibilidades de reaccionar oportunamente en la crisis actual para sostener a los sectores más afectados por la reducción de la actividad económica, tales como las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), los trabajadores informales y la población más vulnerable como la que se encuentra en pobreza extrema.
Si bien el Gobierno ha presentado los principales lineamientos, se encuentra aun ajustando los detalles del Plan de Reactivación Económica, reactivación que debería ser programada como el inicio de cambios permanentes que posibiliten, una vez superada la crisis, un proceso sostenido y sostenible de desarrollo socioeconómico y social.
El Plan presentado tiene tres ejes de acción: la inversión para más empleos, financiamiento para desarrollo, y, protección social, ingresos e integración inteligente, con un monto total previsto de USD 2.513,6 millones, que en parte sería cubierto con emisión de deuda, que así superaría el 30% del PIB.
Otro tema importante para la economía nacional contemplado en el plan es el comercio fronterizo que con las reexportaciones aporta el aproximadamente el 30% del total exportado por el país. Así se prevén medidas como la reducción del IVA efectivo al 1%, del ISC y de la tasa de la Dinac, la extensión del régimen de turismo y el establecimiento de un Courier fronterizo. Sin dudas las mismas ayudarán en parte a la zona de frontera afectada, pero la misma requiere pensar desde el Estado y la sociedad un nuevo modelo de desarrollo que la proteja de los vaivenes de los países vecinos.
De esta manera, si bien el plan presentado constituye un inicio, la reactivación económica que se ha puesto en marcha lentamente requiere de medidas y acciones de más largo plazo que aúnen esfuerzos y produzcan sinergias que conduzcan a un desarrollo sostenible y sustentable con igualdad de oportunidades y equidad en la distribución.
Fuente: Diario 5 Días